MADRID

El proyecto de ley llamada LIDER, que bien podría traducirse como Ley para la insostenibilidad, la desregulación y la explotación comercial de la región, puede muy bien afianzar a la región madrileña como líder en el conjunto del Estado, sí, pero líder en especulación urbanística y destrucción del territorio. Esta es una ley que, aunque la mayoría ciudadana ni conoce ni le interesa y piense que el urbanismo es cosa de especialistas, afecta directamente tanto a nuestras vidas como a las de las próximas generaciones de habitantes de esta región.

Porque la ley del suelo afecta desde la vivienda al medioambiente y a la movilidad, a los equipamientos y parques y en general a la calidad de vida y a muchos de los derechos ciudadanos. Madrid es una región especialmente desequilibrada y tensionada, con graves disfunciones y carencias, donde la injusticia espacial y la desigualdad se sienten especialmente; pero al mismo tiempo es un espacio privilegiado para la especulación y la corrupción por la alta concentración de oportunidades de negocio y actividades económicas, que convierten nuestro territorio en coto de caza preferente para el capital especulativo, como esos fondos buitres que acaparan propiedades inmobiliarias en nuestras ciudades, o persiguen la instalación en suelos rústicos de macroproyectos de impacto medioambiental catastrófico.

Todos estos son desafíos que la nueva ley del suelo regional debería abordar mediante un proceso de contraste y reflexión lo más amplio y sosegado en la sociedad, a partir de un diagnóstico riguroso de la región. Pero, por el contrario, en una dinámica de tramitación tan acelerada y antidemocrática como toda la política de suelo y urbanismo de este gobierno regional (no olvidemos que su último invento en esta materia se llama la Aceleradora Urbanística), este proyecto de ley se aprobará con el rodillo parlamentario sin apenas debate social ni oportunidad de participación ciudadana. Y, una vez más, esas prisas están guiadas por los principios de agilización y flexibilización normativo, entendidas por nuestras actuales autoridades regionales como desregulación, esto es, rebaja de garantías y controles para facilitar iniciativas inmobiliarias al coste que sea tanto en justicia social como en sostenibilidad ambiental.

Una dinámica legislativa apresurada, decimos, como la de un pollo sin cabeza, que da lugar a un proyecto de ley que técnicamente es una chapuza trufada de incoherencias e indefiniciones. De hecho, parece perseguir un caos normativo en el que puedan medrar los más poderosos, con sus mayores medios jurídicos y de lobby para imponer su visión del territorio y la ciudad como grandes campos de extracción de rentas.

Intentaremos resumir en pocas líneas una ley compleja y extensa, mencionando algunos de sus efectos más destacados:

• Se abandona la necesaria y obligada ordenación integral del territorio regional sustituyéndola por instrumen-tos de intervención discrecional, tanto públicos como privados, promovidos desde la Comunidad por encima del urbanismo municipal, que permitirán, por ejemplo, la instalación de macroproyectos en cualquier ámbito y en ausencia de un marco territorial que los ampare.

• En el urbanismo municipal se elimina el planeamiento general actual como marco que define el régimen del suelo y sus elementos estructurantes, y se habilita la posibilidad de que cualquier promotor pueda intervenir sobre cualquier ámbito sin ataduras ni determinaciones vinculantes previas. En otras palabras: La iniciativa privada y parcial construirá, como suma de actuaciones independientes y descoordinadas, un modelo de ciudad que hasta ahora correspondía al plan general.

• Los espacios naturales y rurales recuperan el carácter de "todo urbanizable" de la burbuja inmobiliaria, considerando los suelos rurales no protegidos (una superficie superior a todo lo urbanizado y urbanizable actual) como urbanizables. Además de contemplar un amplísimo repertorio de usos supuestamente excepcionales autorizables en el suelo rural, tanto protegido como sin protección.

• Se reducen las garantías medioambientales en la tramitación de las actuaciones urbanísticas, ya sea reduciendo plazos para los informes sectoriales, eliminando su obligatoriedad o rebajando su rango normativo y por lo tanto el órgano de aprobación.

• Además, reduce la protección del patrimonio cultural y natural de la región mediante la pérdida de peso de los Catálogos de Bienes; disminuye las capacidades de opinión y participación ciudadana en los procesos de tramitación de las actuaciones urbanísticas, e incluso pretende limitar los efectos de las sentencias judiciales contrarios a los instrumentos urbanísticos.

• Y, como se ha dicho, no contempla medidas en favor de la limitación de precios de la vivienda ni de la existencia de vivienda pública social; ni tampoco contempla mejoras en los estándares dotacionales actuales, claramente insuficientes tanto en cantidad como en calidad y diversidad atendiendo a las características de nuestra sociedad hoy.

Basten estos brochazos para entender el retroceso que supondrá la Ley IDER, que no podemos aceptar como inevitable. Porque mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid que tiene su despacho en este edificio inaugura un día un circuito de carreras ruinoso para las arcas públicas y nefasto para los barrios vecinos; al día siguiente pone la primera piedra de un centro de datos al que promete seguirán muchos más que depredarán nuestros recursos básicos, y al siguiente se pasea por una gran feria de fondos inmobiliarios y de inversión, en esta región:

• se siguen degradando nuestros recursos naturales y llevando al límite la capacidad de carga del territorio,

• se sigue expulsando a la población de ingresos modestos de nuestros centros urbanos, siguen amplios sectores sociales careciendo de una vivienda digna,

• siguen faltando dotaciones y servicios en nuestros barrios,

• seguimos batiendo récords en la descapitalización de la sanidad y la educación públicas,

• y se siguen promoviendo pelotazos urbanísticos un día sí y al otro también.

Porque mientras Maricarmen es desahuciada a los 87 años de la que ha sido su vivienda durante 70 años sin que ninguna administración le ofrezca una alternativa habitacional, la Sra. Ayuso se dedicaba a comprarse un ático de más de 6 millones de euros con nuestro dinero.

La LIDER da la espalda a nuestras necesidades como sociedad y territorio y, por el contrario, es una vuelta de tuerca adicional a todas nuestras amenazas colectivas. Consolida así un estado general de usurpación de derechos ciudadanos y de expolio de lo colectivo, el estado de la libertad de la que tanto cacarea esta presidenta, sí, pero libertad de acción del capital, al que las administraciones públicas madrileñas le hacen la ola y le extienden una alfombra legislativa a la medida de sus intereses mercantiles.

Y para terminar, desde esta plataforma contra la LIDER, que agrupa a numerosas entidades vecinales, ecologistas, sindicales o profesionales madrileñas, junto con grupos parlamentarios de la oposición, hacemos un llamamiento a la ciudadanía madrileña para expresar su rechazo total a este proyecto y exigir la apertura de un proceso democrático de reflexión sobre la ley del suelo que realmente necesitamos.

Organicémonos y luchemos por los derechos ciudadanos desde barrios y pueblos.

Una región para vivir, no para especular.

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